Que la rabia nos valga: Protocolos de acción contra la violencia machista

Mientras esperábamos el ingreso a la Cámara de Senadores del proyecto de ley por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se aprobaron cuatro protocolos de acción en casos de violencia y discriminación de género en establecimientos educativos de nivel medio y universitario.

Texto: Fernanda Miguel / Fotos: Facundo Nívolo

 

En las secundarias esto fue posible por el movimiento estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires que cuestionaba la Secundaria del Futuro y demandaba la aplicación de la ESI, cambios en los códigos de vestimenta y la elaboración de normativa que permita a docentes y directivxs saber cómo proceder ante casos de abuso, acoso o discriminación basados en el género.

Al mismo tiempo, los consejos superiores de las universidades de Tres de Febrero, de Santiago del Estero y Tecnológica Nacional aprobaron protocolos para actuar ante las diferentes formas de violencia que tienen lugar en sus espacios educativos y laborales.

Estas respuestas institucionales comenzaron a gestarse en el 2014 y hoy son más de 30 las Universidades Nacionales y sus Facultades que cuentan con protocolo y otras tantas están atravesando el proceso de elaboración. La aprobación de estos protocolos son una construcción colectiva que se activa por una consulta, una demanda o una movilización. Son producto del compromiso, la participación, la discusión y el trabajo en red de actores que dan vida a las universidades.

 

María Inés La Greca, coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) afirma: “tenemos una alegría inmensa de haber podido contribuir de este modo a propiciar un ámbito educativo y académico más igualitario y que se propone erradicar la violencia, acoso y discriminación por género u orientación sexual”. El protocolo de acción en la UNTREF es resultado de un trabajo en red que lleva 3 años y en el que docentes, investigadorxs, estudiantes, no docentes coincidieron con el Centro de Estudiantes, el Centro de Graduados, el Gremio docente y la Red Interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias en un objetivo común: proteger a las víctimas de violencia de género sin revictimizarlas y lograr una respuesta institucional que fuera más allá de la indignación que producen estos casos apuntando a la transformación y al aprendizaje por parte de las personas que trabajamos en la universidad.

 

A las escuelas y universidades se le sumaron los Institutos de Formación Docente de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. En estas instituciones queda claramente en evidencia la feminización de la profesión docente, sin embargo se mantienen sentidos y prácticas que resisten la visibilización y el tratamiento de algunos temas. Una docente de un profesorado de Haedo, provincia de Buenos Aires afirma: “en general las voces de las y los estudiantes no son muy escuchadas y a pesar de que la mayoría de docentes, no docentes, estudiantes son mujeres, se percibe una concepción marcadamente machista en el funcionamiento del instituto”.

 

 

 

 

Estas experiencias de aplicación de protocolos en establecimientos educativos, han servido para que Ministerios, Secretarías y organismos estatales pusieran en práctica sus propios protocolos o que comiencen a proponer la creación de uno.

 

Las organizaciones sociales tampoco quedaron fuera de este momento histórico. Hace poco más de 20 años las mujeres fueron las principales protagonistas de las luchas de las organizaciones piqueteras. Para investigadores que estudiaban la crisis, la precarización y el empobrecimiento, la aparición en la escena del movimiento piquetero había sido un milagro y se propusieron brindar explicaciones sobre este nuevo fenómeno. El milagro estaba conformado en un 70%  por mujeres que no solo eran figuras principales de las actividades en los barrios, sosteniendo los comedores, merenderos, guarderías y emprendimientos productivos. Sino que además de poner el cuerpo en los piquetes, pudieron tejer redes con organizaciones sociales y  feministas, organismos estatales, universidades, fábricas recuperadas y partidos políticos.

El sabor amargo de este fenómeno radicó en la poca o nula participación de las mujeres en los espacios de conducción que seguían siendo masculinos y en la jerarquización de las demandas. La violencia de género en las organizaciones, el aborto, la salud sexual y reproductiva quedaban en segundo plano frente a las demandas de trabajo y planes sociales. Algunas miradas expresaron que todo esto constituía un camino sin retorno para estas mujeres y no se equivocaron.

 

Daiana Anadon, responsable por Buenos Aires del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, afirma: “estamos viviendo una ruptura muy profunda con otras generaciones de mujeres a las cuales les enseñaron que el silencio era la única herramienta para seguir sobreviviendo”. Hoy en las organizaciones sociales aquellos temas que parecían secundarios lograron instalarse. Si bien la aprobación e implementación de protocolos tomó forma este año, ya se venía visibilizando la violencia de género y se realizaba un abordaje y una contención.

Antes las mujeres que sufrían violencia por parte de otro integrante en las organizaciones, terminaba alejándose por no recibir herramientas, contención o definiciones claras sobre la situación. Es decir que había una expulsión implícita para las compañeras y ninguna medida para el agresor” agrega Daiana.

 

En Patria Grande el protocolo tomó impulso a partir de un caso de violencia que se hizo público. Una referente detalla: “…fue el primer caso que se trabajó colectivamente… Un compañero que ocupaba lugares de dirección. Esto desencadenó muchos debates e intercambios. En ese contexto surgió la necesidad de hacer un protocolo”. A partir de allí las áreas de género nacional, regionales y de base transitaron un intenso debate y un trabajo colectivo que implicó la tipificación de los casos para poder darles una abordaje específico a cada uno.

 

El camino no es sencillo porque la aplicación puede llegar a ser heterogénea. En cada distrito las organizaciones cuentan con diferentes recursos. Una referente de La Cámpora señala que para que los protocolos no sean letra muerta, se necesita contar con profesionales especializados como psicólogo/as, abogado/as, sociologo/as, medico/as entre otros profesionales que trabajen de manera interdisciplinaria.

 

No todos los casos implican una respuesta punitivista. Los protocolos se basan en Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello el abordaje de las violencias requiere una dimensión pedagógica. En este sentido, la referente de La Cámpora señala que promover una formación específica para les compañeres es necesario para una verdadera deconstrucción.

En cualquier caso, el camino recorrido por los protocolos en estos diferentes espacios nos deja la enseñanza de que el trabajo colectivo y en red es el que nos permitió visibilizar estos problemas en las organizaciones y darles una respuesta institucional; que la aplicación de protocolos no es para nada sencilla, más bien es una labor artesanal porque cada caso tiene su particularidad; que deviene más compleja cuando se trata de alterar posiciones de poder y que se necesita de un fuerte compromiso con la educación como herramienta de transformaciones.

 

 

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